... se me antoja el corolario del fracaso del sistema público de enseñanza, si es que no del sistema moral de una sociedad entera. O sea, que a esto hemos llegado.
La autoridad del profesor sólo puede tener, o sólo debería tener, dos fuentes: su capacidad científica (conoce bien lo que enseña) y su entrega pedagógica y su amor por sus pupilos. Sí, amor, eso que ignoran los maquinistas de la pedagogía.
El profesor, aunque sea funcionario, no es un funcionario. No actúa como delegado del gobierno ni del Estado, sino por delegación de los padres,
in loco parentis. Los padres le confían, parcialmente, la educación de sus hijos. La autoridad de los padres y la del profesor van unidas y son complementarias. Ambos deben mutuamente reconocérsela, cada uno en su ámbito. Pero si la autoridad de los padres ya no se respeta y está en solfa, ¿cómo se va a respetar la del profesor? Y si las familias ven en el profesor un funcionario, un policía desarmado, ¿qué clase de confianza podrán tener con él? ¿Y cómo no se sentirán tentados de agredirlo o violarlo? Eso está pasando hoy, no sólo con los profesores, sino con los médicos y otro profesionales funcionarizados.
Otorgar condición de autoridad pública al profesor es convertirlo en policía. Lo cual, por otra parte, desde la Logse para acá, es lo que se pretendía. Pues ya lo hemos logrado.
El próximo paso será dotarlos de sprays paralizantes.
A no ser que se busque que sean policías desarmados, indefensos ante la agresión.
Más que a repartir ordenadores, las autoridades deberían dedicarse a instalar escáneres en los colegios, esos modernos escenarios del Estado policíaco, esos campos de concentración donde son igualmente víctimas custodios y custodiados.
